El dilema Libertad Vs Seguridad
admite, como tema controvertido que es, opiniones de un extremo al otro sin que
el acuerdo sea posible, ni siquiera se puede hablar de mayorías, la diversidad
de opiniones es tal que resulta imposible pensar en simplificar el debate
entre, por ejemplo, dos o tres opiniones claras sobre el tema.
Sin duda el incremento en medidas de seguridad, el establecimiento de
estados de excepción, que en cada país, según su legislación, contempla unas u
otras medidas, supone siempre un recorte
de las libertades que las propias constituciones de los países democráticos
contemplan.
No me referiré a regímenes totalitarios, donde el debate no existe, sencillamente
porque el régimen otorga todo el poder al estado y despoja de sus libertades a
los ciudadanos, sin que estos puedan siquiera argumentar de forma eficaz la
reclamación de estos derechos y libertades.
Pero
volviendo a los países democráticos, es
difícil hacer comprender a los ciudadanos la necesidad de inclinar, siquiera
levemente, la balanza libertad/seguridad hacia la disminución de derechos de
los que ha venido disfrutando durante mucho tiempo.
A duras penas se soportan controles exhaustivos en aeropuertos,
donde hay que desprenderse de calzado, cinturones, prendas de abrigo, bolsos,
aparatos electrónicos y tantas corsas más, hasta que el dichoso arco deje de pitar,
mientras el mismo trayecto, realizado en
tren, apenas pasan controles y siempre exclusivamente en estaciones de
cabecera de trayecto.
Lo que quiero decir es que en muchas ocasiones estos controles no son
más que una demostración política con escasa eficacia en cuanto a la
detección de terroristas. Mejor sería
que en todas las estaciones de ferrocarril y en todos los aeropuertos existiera
un control documental de los pasajeros con modernos sistemas de
identificación y comprobación de antecedentes o búsquedas, naturalmente si existiera una base de datos común a
todos los países, por ejemplo, de la Unión Europea.
Medidas
como la establecida recientemente por Estados Unidos y Gran Bretaña prohibiendo
la entrada al país con aparatos electrónicos si el pasajero procede de determinados países árabes, no deja de ser otra medida exclusivamente política. Ningún terrorista utilizará esa vía de
entrada en el país, suponiendo que necesite llevar ordenador portátil o
tableta.
Suspender
temporalmente libertades cívicas para sustituirlas por medidas de seguridad
eficaces es un precio que merece la pena pagar, por ejemplo la exigencia y
control de documentación identificativa tan exhaustiva como convenga, aunque
las colas de embarque se hagan eternas.
España mantiene en momentos de
atentados en Europa, el grado 4 de alerta sobre un máximo de 5 que resulta
sumamente eficaz y es apenas perceptible por la ciudadanía, que no ve mermados
sus derechos fundamentales. Si se dieran las circunstancias establecidas para
pasar al grado 5, naturalmente
traería consigo la adopción de nuevas medidas, algunas de ellas más visibles,
lo que supondría algún tipo de
restricción en cuanto a la libertad de movimientos o reuniones.
Como resumen, diría que en esa
imaginaria balanza libertad/seguridad, una mayoría significativa de ciudadanos
estarían dispuestos a renunciar a amplias parcelas de su libertad para inclinar
la balanza hacia la seguridad, lo que no
significa que esa conformidad no sea crítica con algunas medidas molestas que
además se adivinan ineficaces.
Escuchas aleatorias o grabaciones por
cámaras de seguridad de bancos, calles o establecimientos, no suponen en
absoluto una restricción de la libertad. Pasado un tiempo sin que hayan sido
útiles para alguna investigación, son borradas, sin ni siquiera ser visionadas
previamente, sin embargo su utilidad es patente cuando se ha cometido un delito
o se hace necesaria una identificación.
Confiemos en que nuestros cuerpos de
seguridad e inteligencia hagan un uso
limitado de medidas que supongan una merma de libertades y siempre, cuando
sean necesarias, medidas eficaces y no de cara a la galería.
